SANTA CRUZ PUEDE TIENE ESTACIÓN DE SERVICIO EN ESPERANZA
Santas Cruz Puede, la Sociedad Anónima Unipersonal del gobierno de Vidal, se queda la estación de La Esperanza. Hay logos SCP; no hay pliego ni canon.
La SAU se queda el surtidor y el comercio baja la persiana
En La Esperanza ya está el sello SCP en los tanques. En las ciudades, el comercio formal vende menos o cierra. El hilo es el mismo: el Estado provincial crea una empresa, se pasa el activo de un organismo a otro y ocupa rubros con caja pública, mientras el privado santacruceño queda afuera.
De concesión privada a manotazo estatal
La estación de La Esperanza, sobre la RP 5, es un nodo entre Río Gallegos, la Cuenca y El Calafate. Estaba concesionada a un privado. El contrato venció en noviembre de 2025, se estiró con prórrogas y el 5 de junio de 2026 FOMICRUZ S.E. —dueña del predio— asumió la operación directa.
Tres meses después, Santa Cruz Puede SAU aparece al frente. Hay logos en surtidores y vidrios. Lo que no aparece publicado es el pliego, el canon ni un concurso para ese segundo paso. El pase es de Estado a Estado: de la empresa minera provincial a la Sociedad Anónima Unipersonal que armó el gobierno de Claudio Vidal.
Antes había un concesionario privado. Ahora hay marca oficial. El mercado, en el medio, no se ensanchó: se achicó.
La ventaja de la Sociedad Anónima Unipersonal
Santa Cruz Puede nació por ley, con el Estado como único accionista, para entrar en alimentos, pesca, industria, comercio y más. La preside Gustavo Sívori. No juega de igual a igual con el almacenero ni con el estacionero: tiene espalda pública, habilitación política y facilidad para abarcar rubros sin el desgaste de un privado que paga IVA, alquiler y se funde si no vende.
Esa figura es la herramienta. Permite al gobierno “producir” y, al mismo tiempo, copar el poco mercado que hay en Santa Cruz. El relato es empleo y matriz productiva. El efecto sobre el mostrador es competencia desleal con recursos de todos.
Ahí entra la avaricia: no contentarse con el Estado dueño del predio, sino poner la SAU a explotar el tanque y seguir sumando bocas, freezers y líneas donde el comerciante ya no llega.
El impacto en el privado
Mientras SCP pinta surtidores, las cámaras describen un comercio que no vende. Cierres, liquidaciones, caída en indumentaria, gastronomía y servicios. En el peor tramo se habló de cientos de locales formales que bajaron la persiana y de un ritmo brutal en Río Gallegos. El consumo no alcanza; las tarifas y los impuestos sí.
El empresario privado de una estación, un bar o un local de ruta compite contra un Estado que es dueño, operador y caja. Si el gobierno se queda La Esperanza sin devolver el activo a concurso, el mensaje es claro: el espacio comercial estratégico queda para la SAU, no para quien invirtió y pagó canon.
Eso no “potencia” al privado. Lo desplaza.
FOMICRUZ, el puente
FOMICRUZ es el puente del negocio. Dueña de la red EPA, retomó La Esperanza “para garantizar abastecimiento”. Desde enero de 2026 la preside Fernando Baños, designado por Vidal. La oposición marcó incompatibilidad —viene del sector minero y es esposo de la ministra Nadia Ricci— y el acuerdo de Diputados sigue siendo un frente político.
El esquema es limpio para el poder: FOMICRUZ conserva el inmueble; SCP pone la marca y la explotación. Dos empresas del mismo Estado. Cero oferente privado a la vista.
Lo que hay que publicar
El gobierno tiene que mostrar el convenio entre FOMICRUZ y Santa Cruz Puede, el valor del activo, las condiciones de los trabajadores y por qué esa boca no volvió a licitación. Hasta que eso no esté, lo único firme es esto: el sello SCP ya está instalado y el comerciante santacruceño, no.
La estación de La Esperanza no es un anuncio de producción. Es el mapa de quién se queda el mercado cuando el privado cierra.
