EL TÍO ABUSÓ DE NIÑA Y SALE EN DICIEMBRE
El tío sale en diciembre. Son siete las denunciantes y ella dice que nunca dejó de molestarla: amenazas, chantaje y miedo.
Romina Andrea Tapia tiene 33 años y lleva casi cinco esperando un juicio. Denunció en julio de 2022. La Justicia de Río Gallegos lo procesó con prisión preventiva en agosto de 2023. Hoy, septiembre de 2026, no hay fecha de debate. El imputado, su tío materno Carlos Saúl Mansilla (DNI 33.023.399), está detenido por otra causa cuya condena vence en diciembre. Ella pide que el expediente 11596/22 deje de estar parado antes de que esa otra pena se agote.
Siete denuncias y el mismo patrón
No es un caso aislado. En las actuaciones aparecen relatos coincidentes de varias sobrinas en el mismo domicilio familiar de calle Roque Sáenz Peña 750: Romina Andrea Tapia, Mariana Pamela Tapia, Ivón Elisabet Galván y Daian Giselle Galván. La madre de Romina, Sandra Mabel Mansilla, y otros familiares declararon. Hoy, según la denunciante, son siete las mujeres que lo han denunciado por abuso. El dato que ella pone sobre la mesa es político y judicial a la vez: el comportamiento no se cortó.
El auto de procesamiento del 23 de agosto de 2023 —Juzgado Penal, Secretaría N° 2, Río Gallegos— lo encontró incurso prima facie en abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en el tiempo, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real (arts. 119 segundo y tercer párrafo, 42, 142 inc. 1° y 55 del Código Penal). Le trabaron embargo por un millón de pesos. El imputado se negó a declarar y rechazó la pericia psicológica ordenada.
Parte de los hechos más antiguos, cuando Mansilla aún no tenía 16 años, fue declarada inimputable y hubo sobreseimiento respecto de Ivón Elisabet Galván por ese tramo, en aplicación de la Ley 22.278. El resto de la imputación —el período posterior a agosto de 2003 hasta 2006, según la indagatoria— quedó en pie. Eso no equivale a sentencia. Equivale a que el expediente ya tenía para avanzar hace tres años.
Cinco años de espera no son “el curso normal”
La denuncia se radicó el 16 de julio de 2022 en la División Comisaría de la Mujer y la Familia. Hubo informes de la OVD, declaraciones en sede judicial, pericias sobre las damnificadas y un plexo que el propio juez consideró suficiente para procesar. Después, el silencio de calendario.
Mientras tanto, Mansilla figura detenido a disposición de la Cámara Criminal también por el expediente 7353/22. Esa otra condena, dice Romina, termina en diciembre. La desesperación no es retórica: si esta causa no tiene juicio antes, el riesgo concreto es que el imputado recupere la libertad sin haber enfrentado este debate.
Amenazas, chantaje y un hostigamiento que no paró
Romina sostiene que el miedo no quedó en la infancia. Afirma que nunca dejó de molestarla ni de hostigar a otras personas: amenazas, chantaje y presión psicológica hasta el presente. En la causa ya constaba un informe de valoración de riesgo de la OVD con nivel “Alto” y el pedido de prohibición de acercamiento. También constan las secuelas que la pericia describió entonces: estrés postraumático complejo, ataques de pánico, daño en la autoestima y en el esquema corporal, ideación suicida en la adolescencia y patología psicosomática. Hoy sigue en tratamiento. El maltrato psicológico de esperar —y de sentir que el agresor todavía puede alcanzarla— duele tanto como el expediente que no se mueve.
Vivir con miedo durante décadas no se archiva con un sello. Cada año sin audiencia es otra forma de abandono.
Lo que la Justicia ya tenía y no usó a tiempo
El procesamiento de 2023 no inventó el caso. Reunió denuncia, testimonios cruzados, oficios de la OVD, ampliaciones en sede judicial y pericias. El juez escribió que los relatos eran contestes en autor, lugar y modalidad, y que no advertía motivo para que Romina se sometiera a un proceso penal si el hecho no hubiera existido. Citó jurisprudencia sobre la revictimización de quien denuncia un delito sexual intrafamiliar.
Eso fue hace más de tres años. Sigue sin fecha.
Santa Cruz no puede pretender que “el proceso sigue su curso” cuando el curso es este: procesamiento en 2023, siete denunciantes, otra condena que vence en diciembre y la víctima principal pidiendo por los medios lo que el expediente no le da.
Un pedido concreto
Romina Andrea Tapia no pide un titular para el morbo. Pide fecha de juicio. Pide que la Cámara y la fiscalía miren el 11596/22 antes de diciembre. Pide que las otras causas y las otras mujeres no queden como nota al pie.
Si la Justicia ve esto y no toma carta en el asunto, el mensaje será el de siempre en el sur: el tiempo trabaja para el imputado y contra quien denunció de adulta lo que sufrió de niña.
