LA MINISTRA REPARTE MERLUZA Y PELEA A LOS TRABAJADORES
Ricci mueve 1.900 toneladas de merluza a Puerto Deseado. Cardozo, de AGOMU, dice que Caleta filetea el fresco, las plantas no tienen cupo propio y el gobierno enfrenta trabajador contra trabajador.
La ministra de la Producción, Nadia Ricci, pretende mover parte de las 1.900 toneladas de merluza asignadas a Santa Cruz por el Consejo Federal Pesquero hacia Puerto Deseado. Ricardo Cardozo, secretario de AGOMU, sostiene que Caleta Olivia trabaja con la flota fresquera, que las plantas locales no tienen cupo propio y que el gobierno enfrenta trabajador contra trabajador.
Cardozo no habla en off. Habla como dirigente de la marinería local y pide que el debate salga del acta y llegue al muelle.
Qué acusa AGOMU
El planteo es simple: Santa Cruz tiene un cupo limitado. Cardozo lo cifra en unas 1.900 toneladas asociadas a la reserva social provincial. Ese volumen, dice, es el que el gobierno pretende mover o prometer a Puerto Deseado para cubrir el tramo final del año, un tramo que —según el gremio— este gobierno no resuelve desde que asumió.
Esa cifra y ese destino son la denuncia de AGOMU. No están, en esta nota, acreditados como una resolución publicada con ese número exacto. Lo que sí está en el tablero público es que Santa Cruz administra el 4,80% de la Captura Máxima Permisible del efectivo sur y que el CFP ya asignó tandas por “máximo interés social” a buques de jurisdicción provincial.
Cardozo separa dos capas que el discurso oficial mezcla:
• la cuota individual del barco, que sale del historial de captura;
• el cupo social de la provincia, que la empresa pide a la Secretaría de Pesca para que lo eleve al CFP cuando se le acaban los tramos del año.
El ejemplo que corrige es el Petrel: 993,4 toneladas de cuota propia más 450 toneladas de cuota social asignadas en 2025. Total: 1.443,4 toneladas. Cuando esa firma pide asistencia a la reserva social provincial, insiste, no está pidiendo cupo de planta local.
Caleta descarga el fresco; Deseado se lleva las zafras caras
Caleta Paula, dice Cardozo, es el puerto que históricamente manejó el fresco. Desde que se fue Conarpesa, dejó de descargar buques congeladores. Puerto Deseado concentra la descarga cuando entra la temporada de langostino y cuando llega la de calamar.
La pregunta que deja es laboral y política: si Caleta Paula no le saca el trabajo a Deseado en esas zafras, ¿por qué tiene que compartir su merluza y disminuir las descargas?
Suma otro dato: Deseado está habilitado para el fresco y tiene un acta más remunerativa —mejor salario, mejor jornal— que Caleta Olivia. Por eso rechaza el relato de que hay que “llevar merluza” para sostener empleo en el otro muelle como si Caleta sobrara.
En su lectura, el gobierno no reparte recurso: saca el pan de la boca de un puerto y viste de ordenamiento un corrimiento de materia prima.
Cinco plantas y lo que atribuye a Klimenko
El tramo más duro apunta a las cinco plantas de Caleta Olivia. Cardozo las describe como “cuevas de corte dibujadas”: razones sociales entrelazadas, barcos alquilados, predio propio o no, personal sin precisar si está en relación de dependencia o en cooperativa, y una ecuación de corte que nadie exige con plazo.
Atribuye al secretario de Pesca, Sergio Klimenko, haber dicho que esas plantas no tienen cupo de empresa. El motivo, según AGOMU: operan con barcos charteados de Mar del Plata. Si eso es así, sostiene, no hay cómo prometerles a esas firmas —ni a Puerto Deseado— la cuota social reservada al máximo interés social.
Esa cita queda como dicho del gremio. El ministerio tiene que confirmarla o desmentirla.
Cardozo también carga contra una resolución de Diputados que, a su juicio, quedó sin plazo para presentar la documentación. Pide lo elemental:
• qué barcos son propios y cuáles alquilados;
• si el predio es de la empresa;
• cuántos trabajadores hay y bajo qué figura;
• cuánto puede procesar la planta si le caen mil cajones en el día.
Sin ese padrón, dice, Pesca no distribuye. Improvisa.
Jornales distintos y la pregunta a Vidal
Cardozo dice haber hablado con SUEPP y haber pedido el convenio. El eje no es solo la merluza: no se paga lo mismo en Caleta Olivia que en Puerto Deseado, y ambos quedan por debajo de Chubut.
Va más lejos. Acusa al gobierno de ser cómplice de que Caleta Paula pague miseria a los estibadores, con el argumento de que al sur del 41° hay más millas y más combustible. Pero Puerto Deseado tiene mejor jornal y, además, manos de descarga diferenciadas —descarga por un lado, alistamiento por otro— que generan más trabajo para más estibadores. La pregunta del gremio es directa: ¿por qué se gana más a más distancia operativa?
A Ricci le atribuye espectáculo y el intento de enfrentar trabajadores contra trabajadores. El recurso, insiste, ya lo explota Caleta Olivia. Prometerlo en otro puerto, sin transparentar plantas y barcos, no ordena la pesca. Crea enemistad.
A Claudio Vidal, que viene del ámbito sindical, le pregunta por qué pretende que los trabajadores de Santa Cruz ganen un 50% menos que en Chubut para tener “puertos más competitivos”. La pesca, recuerda, es por temporada, no mensualizada como el petróleo, y a mucha suerte si cada zafra da lo esperado. La competencia no se paga con la espalda de los trabajadores, menos en la provincia con el IPC más alto del país.
El canje con Chubut que no vio en el acta
Hay un segundo frente. Cardozo afirma que en el acta 25/2026 del Consejo Federal Pesquero no figura el intercambio de 1.700 toneladas de langostino por 7.650 asociadas a Chubut.
Es su lectura del expediente. Mientras no esté el papel, el canje no se puede dar por cerrado ni por desmentido. Se puede —y se debe— exigir el acta y confirmar si la merluza de Chubut tiene disponibilidad.
Qué pide el gremio
Cardozo no pide un gesto de campaña. Pide el listado de empresas que operan en Caleta Olivia y la ecuación de corte según volumen de trabajadores y barcos de cada firma.
Hasta que el Ministerio y Pesca publiquen, con nombre de buque y de planta, qué parte es cuota propia y qué parte es reserva social, dónde se descarga y dónde se procesa, y qué jornal rige en cada puerto, la denuncia de AGOMU queda en pie. La respuesta oficial, si solo habla de “ordenar la actividad”, no contesta lo que pone sobre la mesa: el cupo social no es de la ministra. Es de la provincia. Y se discute en qué muelle se queda el pescado.
