CSS DEJA SIN QUIMIO A PACIENTE CON LEUCEMIA
Nury Lozano, con leucemia linfoblástica, aún espera desde junio su medicación en Buenos Aires. La CSS no entrega los fármacos y culpa a la droguería.
La CSS vuelve a dejar a una paciente sin quimioterapia: el caso Lozano no es una excepción
Nury Lozano tiene leucemia linfoblástica T. El 17 de junio la derivaron a Buenos Aires en avión sanitario. El 18 de agosto tenía turno de quimioterapia y no pudo hacerlo: no estaban la Citarabina, la Mercaptopurina ni el Imatinib. Su hija, Ariela Pacheco, denuncia que la Caja de Servicios Sociales culpa a la droguería y que, mientras se tiran la pelota, la vida de su madre queda en suspenso.
No es un reclamo aislado. Es el mismo patrón que este portal viene registrando en Santa Cruz: pacientes oncológicos, trasplantados y con enfermedades de alto costo que esperan semanas o meses una medicación que la obra social provincial dice cubrir al 100%.
El expediente que no llega y la quimio que se pierde
El caso Lozano resume el circuito. Primero, en marzo, internación en Medisur y pedido de dadores de sangre. Después, en abril, la familia todavía pedía Imatinib, Dasatinib y Nilotinib para empezar el esquema en Río Gallegos. Recién en junio hubo derivación. En agosto, ya en Buenos Aires, el corte fue de continuidad: el tratamiento existe en el papel, no en la farmacia.
Cuando la familia exige respuestas, la explicación oficial se desplaza. La CSS apunta a la droguería. La droguería apunta al laboratorio. El laboratorio apunta a la deuda o a la producción. El afiliado, en el medio, espera. En oncología, esperar no es un trámite: es perder ventana terapéutica.
No es un caso. Es una lista que se alarga
En noviembre de 2025, el grupo de pacientes “Buen día Vida” presentó una nota formal ante la Caja. Reclamaban el cumplimiento de la Ley provincial 3501 y denunciaban demoras en autorizaciones. Incluían el caso de una paciente que llevaba cuatro semanas sin medicación y cuyo cáncer había avanzado con metástasis pulmonar.
En enero de 2026, oncológicos, trasplantados y personas con enfermedades poco frecuentes volvieron al Mástil Mayor de Río Gallegos. Fito Cid, de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz, describió el deterioro con precisión: las demoras pasaron de cinco o quince días a dos o tres meses. Mencionó a un adolescente trasplantado, internado en el Garrahan, porque en la provincia no había garantía de inmunosupresores. Un trasplantado no puede “esperar a que se regularice el circuito”.
En redes y denuncias públicas aparece también el caso de Andrés W. Berón, paciente con leucemia: familiares afirmaron que la CSS tardó meses en entregar medicación oncológica de altísimo costo y que el afiliado quedó obligado a la colecta o al silencio administrativo. Es el mismo mecanismo que obliga a familias a difundir fotos, teléfonos y listas de fármacos para conseguir lo que la obra social debería proveer por ley.
Este medio documentó otros expedientes en www.facundoparedes.com.ar. No hace falta numerarlos como ranking. Basta con leerlos juntos: el apellido cambia; el organismo, el argumento y el resultado se repiten.
Lo que admite la Caja y lo que no resuelve
En enero, el presidente de la CSS, Sergio Pérez Soruco, reconoció demoras en medicamentos de alto costo. Habló de problemas financieros, faltantes de laboratorios, logística y el cierre del aeropuerto de Río Gallegos. Dijo que los afectados eran alrededor de 80 personas sobre más de 2.000 en tratamientos especiales, y que “los pacientes pueden quedarse tranquilos”.
Ocho meses después, Nury Lozano sigue sin la medicación para continuar la quimio. Si el diagnóstico oficial era “regularización en las próximas semanas”, el reloj clínico no coincidió con el comunicado.
La Caja insiste en que compra con nueve droguerías, que hay auditoría y que la cobertura oncológica está garantizada. En los hechos, las familias siguen escuchando la misma frase: el problema no es de la Caja, es de otro eslabón. Esa cadena de descargos es, para el paciente, una sola cosa: no hay fármaco.
Una obra social del Estado, bajo la gestión Vidal
La Caja de Servicios Sociales no es un prestador privado. Es la obra social de los trabajadores del Estado provincial. La administra el gobierno de Santa Cruz que encabeza Claudio Vidal. Cuando un afiliado oncológico se queda sin quimioterapia, la responsabilidad no se agota en una droguería: es política, presupuestaria y de gestión.
En enero, la asociación de pacientes le pidió al gobernador que interviniera con partidas y prioridad. El reclamo no era ideológico. Era operacional: sin plata pagada a tiempo, no hay stock; sin stock, hay corte; con corte, hay riesgo de vida.
Santa Cruz no puede seguir tratando cada denuncia como un “caso puntual” que se resuelve con un posteo de tranquilidad. Lozano, Berón, el grupo Buen día Vida, los trasplantados y los pacientes de alto costo describen la misma falla, cada vez más frecuente.
Lo que hay que preguntar ahora
Tres preguntas alcanzan para salir del eufemismo:
1. ¿Cuántos pacientes oncológicos tienen hoy tratamiento interrumpido por falta de entrega, no por falta de receta?
2. ¿Qué droguería y qué laboratorio concentran el faltante de Citarabina, Mercaptopurina e Imatinib del caso Lozano, y desde cuándo está el pedido de compra?
3. ¿Quién firma la prioridad cuando un turno de quimioterapia ya se perdió?
Mientras esas respuestas no existan en un expediente público, el mensaje a los afiliados es claro: la cobertura al 100% vive en el vademécum; en la sala de espera vive la demora.
Nury Lozano necesita la medicación. El resto de Santa Cruz necesita algo más incómodo: que la Caja deje de explicar el atraso y empiece a entregar el tratamiento a tiempo. El cáncer no espera el parte de la droguería ni el próximo comunicado de la Casa de Gobierno.
