GOLPE AL ORO SANTACRUCEÑO: la mina millonaria, trabada

Cerro Negro mueve cerca de mil millones. El Gobierno clausuró ocho sectores, denuncia ocultamiento y Newmont desmoviliza por “fuerza mayor”: el motor del oro quedó trabado.

Santa Cruz se acostumbró a vivir del oro de Cerro Negro. Este año, con el metal por las nubes, el yacimiento que opera Newmont cerca de Perito Moreno puede mover alrededor de mil millones de dólares en exportaciones. El viernes el Estado provincial no fue de visita: pidió juez, rompió candados y entró con policía. El lunes, el parte oficial ya no habla de seis áreas: habla de ocho sectores clausurados, de ocultamiento y de una operadora que baja gente invocando “fuerza mayor”. El pulmón aurífero de la provincia quedó trabado. Y las dos narrativas —control o pulseada— ya están en carrera.

Del candado al allanamiento

La comitiva de Trabajo y Seguridad llegó por Ruta 39. Según el secretario Javier Aravena, Newmont cerró los portones con candado. Intervino el ministro Pedro Prodromos. Un juez autorizó el ingreso. La policía rompió los accesos. Eso convierte la fiscalización en lo que el Gobierno no duda en llamar operativo con orden de allanamiento.

Aravena agregó la acusación más grave y menos documentada: que 12 efectivos habrían sido retenidos para impedirles salir. Hasta ahora es versión oficial. No hay video ni declaración pública de esos policías. Sí hay un hecho político: un organismo de control necesitó a la Justicia para entrar a un yacimiento que opera bajo ley argentina.

Ocho clausuras, gases y un camión a 300 metros

El comunicado del 14 de septiembre sube la apuesta. Ya no son seis ceses: son ocho sectores parados por “faltas muy graves”. Aravena y Prodromos encabezaron las inspecciones. El Ejecutivo dice que Newmont desmovilizó personal con goce de haberes mientras corre el sumario. El levantamiento queda atado a remediación real y a una mesa de trabajo.

El dato nuevo es la denuncia de maniobras de ocultamiento. En el portal San Marcos, afirma Aravena, escondieron vehículos bajo mina cuando supieron que reingresaban verificadores policiales de Transporte. Si se prueba, no es solo resistencia al control: es entorpecimiento.

Sobre el camión de combustible ahora hay detalle operativo: bajó 300 metros a un ambiente hermético, con gente trabajando y temperatura alta, sin Revisión Periódica Obligatoria. Sustancia peligrosa en interior de mina, no un control de banquina.

El propio secretario relata que descendió. En la estocada uno el detector sonaba sin parar. En la segunda bajada por San Marcos había gases: condensación, garganta. Ese relato fundamenta, dice, los ocho ceses. En el parte de los primeros días también figuró un derrame de cianuro. Sigue sin publicarse pericia: ni litros, ni si salió de contención, ni si tocó ambiente.

Lo que Newmont no discute

La minera no salió a desmentir el cianuro, los candados ni los gases punto por punto. Primero un memo interno: iba a colaborar, pero cuestionó el “clima” de la inspección y admitió que el operativo golpea las metas del mes y del trimestre. Después, el comunicado que corrió por los medios: situación extraordinaria, fuerza mayor, desmovilización progresiva y descenso de equipos. Ni una línea sobre las actas.

Fuerza mayor no es un adorno. Es el paraguas jurídico para parar gente y producción sin reconocer culpa. La Provincia dice que esa baja es con sueldo, en el marco del sumario. Newmont dice que las circunstancias la obligan. Entre esas dos frases se escribe el expediente que, si escala, no se litiga solo en Perito Moreno.

Gremios con el Gobierno, cámaras en silencio

AOMA Santa Cruz y ASIMRA bancaron las inspecciones. Sebastián Santillán le respondió a CAPROMISA, preocupada por los proveedores: quieren inversión y contratos santacruceños, pero ningún contrato está por encima de la vida. El recado a la cadena de valor es duro. Las cámaras —CAEM, CAMICRUZ, CAPPEMA— conocen la gravedad y eligieron el mute.

Washington y Nación, en copia

La Opinión Austral afirmó que hubo preocupación en el cuerpo diplomático de Estados Unidos y que Newmont evaluaría denunciar a Santa Cruz por “sometimiento”. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, fue informado. En tres meses, dos operativos que el tablero minero considera inéditos: 33 inspectores en mayo y 25 esta semana, con 96 horas de control. No es una visita de rutinario.

¿Puede el Estado hacer esto?

Inspeccionar, sí. Dictar ceses por riesgo grave, sí. Pedir juez y policía si le cierran la puerta, también. La Ley 19.587, el procedimiento laboral provincial y la Ley 3.141 de mano de obra local son el marco que cita Aravena. Lo discutible es la intensidad y la prueba: clausurar ocho sectores, hablar de clausura total del complejo y acusar retención de policías y ocultamiento convierte una facultad de control en pulseada de autoridad. Si no hay actas técnicas, muestreo y descargo, Newmont va a decir que no la fiscalizaron: la hostigaron.

Por qué ahora, y no antes

No es la primera vez que Vidal le para la mano a Cerro Negro. En abril de 2024, tras las muertes de Daniel Ochoa y Rosana Ledesma, la Provincia dictó cese total preventivo. Después vinieron 97 infracciones, intimaciones, el faltazo de gerentes y la inspección de mayo. Newmont ya era el caso testigo. Lo nuevo es el método: candado, juez, ministro de Seguridad en el yacimiento y la foto de “no somos cipayos”.

Al resto de las mineras este gobierno las intimó por proveedores. A YPF la sentó a firmar pasivos y quita de regalías. A Newmont le rompió el acceso en cámara. La diferencia no es solo el cianuro. Es que Cerro Negro ya tenía dos muertos, actas viejas, conflicto de contratistas y, el viernes, la decisión de no abrir.

Lo que no está en los titulares

Sigue faltando la pericia del derrame. Sigue faltando el número de juzgado. Siguen sin aparecer las voces del turno noche y de las contratistas. Sigue sin estar la calculadora: cada día parado no es solo un acta. Son regalías, el 90/10, Perito Moreno y una cadena que ya temblaba. Y sigue sin cruzarse del todo el anuncio de los US$ 800 millones para CNE1 y el open pit, vendido días antes por el mismo Gobierno que ahora clausura ocho sectores.

Lo que se decide ahora

No se decide si Santa Cruz puede controlar una mina. Se decide quién escribe el final. Si esto termina en actas, multa y plan de adecuación, fue fiscalización. Si Newmont judicializa el ingreso, sostiene la “fuerza mayor” y Washington pide explicaciones, fue una pulseada que se le puede ir de las manos al Gobierno. Entre el candado roto y el motor trabado no hay zona gris: hay dos poderes midiendo hasta dónde llega el otro. El oro, mientras tanto, espera.