DENUNCIA: CSS PAGA PERSONAL FALSO EN ATENCIÓN A UNA NIÑA EN BUENOS AIRES
Una familia derivada de Santa Cruz a CABA denunció que la internación domiciliaria de una nena de 9 años, oxígenodependiente y en cuidados paliativos, se cubrió con alguien que no era la profesional anunciada. La Policía de la Ciudad intervino el 12 de agosto.
De Santa Cruz al Garrahan
Desde marzo la familia está en Buenos Aires por una probable cirugía de escoliosis severa. Tras un ateneo en el Garrahan se decidió no operar por los riesgos. El planteo médico fue darle la mejor calidad de vida e incluirla en cuidados paliativos. Las recetas exigen enfermería, kinesiología respiratoria, kinesiología motora y fonodeglución.
Lucía Agustina Benítez, de 9 años, es paciente del Garrahan, tiene parálisis cerebral no evolutiva y es oxígenodependiente y kinesiodependiente. Está afiliada a la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Según la familia, ni la obra social ni las empresas de internación domiciliaria —Promedic Hogar y Vital Care— cumplieron la totalidad del servicio. Hoy, dicen, está un 90% descubierta.
El 12 de agosto: una identidad, otra persona
Ese día, según el certificado policial N.° 500401/2026 de la Comisaría Vecinal 05-A, Promedic avisó que iría una enfermera y envió por WhatsApp el DNI y la matrícula de Romina Soledad Foronda. Quien llegó no coincidía. El padre, Sergio Ezequiel Benítez, llamó al 911.
La Policía identificó a Katia Vanessa Rodríguez Culquicondor, de nacionalidad peruana. Según el acta, dijo ser estudiante de enfermería y que una mujer identificada como Silvina Chávez le indicó presentarse y hacerse pasar por otra persona. La carátula es usurpación de títulos (artículo 247 del Código Penal).
La familia agrega que la mujer olía a alcohol, estaba desorientada y no sabía tomar signos vitales. El mismo día, relatan, se presentó otra persona como enfermera sin documentación. No le permitieron el ingreso.
Matrículas, planillas y padres como auditores
El episodio se suma a otros reclamos: una fonoaudióloga cuya matrícula fue cuestionada y el testimonio de una enfermera que renunció y mostró chats en los que coordinadoras habrían ofrecido falsificar planillas y “dibujar horas”. A la familia, en cambio, la trataban de “pesada” por exigir lo indicado.
El 5 de agosto, en otro ateneo del Garrahan, un auditor de la Caja en CABA —según el relato— interrumpió para preguntar por qué Lucía gasta tanta plata y por qué tantas terapias, no por su salud. La CSS, dicen, les carga controles de presentismo y planillas que debería hacer la auditoría.
La responsabilidad de la CSS y de Santa Cruz
Lucía no eligió al prestador. La CSS autoriza, paga y debería controlar la internación domiciliaria. El certificado policial cita a la obra social y su sede en CABA, en 25 de Mayo 279. Vocales de la propia Caja ya habían señalado a Promedic por mal servicio, altos costos y falta de controles.
El Gobierno de Santa Cruz designa a las autoridades de la CSS y es garante del derecho a la salud de una niña con discapacidad. Si un servicio contratado llega como impostura, la falla no termina en una coordinadora de WhatsApp.
Lo que está en juego
La internación domiciliaria sustituye la cama hospitalaria. Exige personal habilitado. Enviar a alguien que no es la enfermera anunciada a una niña oxígenodependiente es un riesgo concreto. La familia ya reclamó a la CSS y a Promedic. Ahora pide que la Provincia intervenga.
