
AUTORIZARON QUITAR RASTREO SATELITAL: vidas de pescadores en riesgo
Luis Jones reconoció que pidieron no instalar el rastreo por costo y se aceptó. No hay respuesta oficial. La ley lo exige
Una declaración del empresario Luis Jones, de VEPEZ S.A., en una entrevista reciente en El Caletense Net, dejó al descubierto una situación que exige respuestas concretas. Jones afirmó que se pidió no instalar el monitoreo satelital en los buques artesanales “por cuestiones de costo” y “de mal funcionamiento”, y que “se aceptó esa sugerencia”.
La frase no es menor. Si una autoridad aceptó exceptuar a determinadas embarcaciones de un sistema de posicionamiento obligatorio, debe explicar mediante qué norma o acto administrativo lo hizo.
Qué dicen las normas que no se están aplicando
La <u>Resolución Nº 21/2008</u> del Consejo Federal Pesquero estableció la obligatoriedad del sistema de posicionamiento para la flota artesanal en todas las jurisdicciones de la Ley Federal de Pesca. El fundamento fue extremar los mecanismos de control sobre los recursos.
Además, la <u>Ley Provincial 2934 de Pesca Artesanal</u> es aún más clara: su artículo 14, inciso g), obliga a que todas las embarcaciones que operen en las Zonas 1 y 2 tengan instalado un Sistema de Monitoreo Satelital.
No se trata de una sugerencia ni de una cuestión de conveniencia. Son obligaciones legales.
Seguridad de los tripulantes versus el costo
Jones habló de barcos “no preparados para tener demasiada tecnología”. Pero cuando se sale al mar se habla de personas.
La Prefectura Naval Argentina, como autoridad marítima, exige trajes de inmersión y otros elementos de seguridad a embarcaciones de más de 8 metros que naveguen más de tres millas. Esas exigencias no son opcionales.
Aparece entonces una contradicción difícil de sostener: para algunos requisitos de seguridad la tecnología es obligatoria; para el rastreo satelital, según el empresario, bastó plantear que es caro para que la sugerencia fuera aceptada.
El costo de un dispositivo no puede estar por encima de la vida de quienes trabajan a bordo.
El reclamo que ya se hizo hace más de una década
El 21 de septiembre de 2010, el entonces concejal Facundo Prades presentó un proyecto para que se cumpliera la Resolución 21/2008 y los artículos de la Ley de Navegación. El reclamo no tuvo el curso esperado. Más de quince años después, la misma problemática vuelve a aparecer.
Las preguntas que Prefectura debe responder
Esta nota no reemplaza a ningún organismo de control. Pide que las autoridades cumplan su función, especialmente la Prefectura Naval de Caleta Olivia y su actual jefe, el prefecto Fernando Iván Consiglio Kloster.
Las preguntas son concretas:
• ¿Las embarcaciones artesanales están obligadas a tener el sistema de posicionamiento o existe una excepción?
• Si existe, ¿qué autoridad la otorgó, mediante qué resolución, a qué unidades alcanza, desde cuándo y qué evaluación se hizo sobre la seguridad de los tripulantes?
Una cosa es que un empresario considere que el dispositivo es costoso. Otra muy distinta es que una obligación legal se deje sin efecto porque alguien lo pidió y una autoridad lo aceptó.
En el mar, cuando falla la prevención, muchas veces ya no hay segunda oportunidad.
Fuente: Marineros Unidos Santa Cruz