Municipales pelean retenciones del gobierno provincial
Municipales de Río Gallegos se movilizan este jueves en defensa de la coparticipación, que sostienen salarios y servicios ante la presión del gobierno provincial
Los trabajadores municipales de Río Gallegos se concentran este jueves 13 de agosto a las 9 horas en el Colegio República de Guatemala (Chacabuco y Orkeke). El SOEM convocó la movilización bajo la consigna de que “menos recursos significa menos capacidad para sostener salarios, trabajo y servicios municipales” y que “la coparticipación sostiene a Río Gallegos”.
El contexto del conflicto
El reclamo llega en un momento de fuerte tensión entre el municipio capitalino y el gobierno de Claudio Vidal. Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilitó las retenciones de fondos de coparticipación para cubrir aportes previsionales, el intendente Pablo Grasso advirtió que la medida pone en riesgo directo el pago de sueldos y vulnera la autonomía municipal. Grasso calificó la resolución como una “maniobra para extorsionar” a los intendentes y anticipó nuevas presentaciones judiciales, incluso ante la Corte Suprema.
La articulación con otros municipios
En ese marco, el jefe comunal de Río Gallegos buscó articular con otros municipios de la provincia el rechazo a las retenciones. Junto a intendentes de 28 de Noviembre, Río Turbio, El Calafate y otras localidades, participó de reuniones con el gobierno provincial e impulsó planteos comunes para defender los recursos municipales. El argumento central es el mismo que sostiene el SOEM: cuando se reduce o retiene la coparticipación, lo primero que se complica es el pago de salarios y el sostenimiento de los servicios.
Un problema estructural de 21 años
El conflicto no es nuevo ni coyuntural. Según un estudio de la consultora Cros & Asociados, la Provincia de Santa Cruz acumula 21 años, 2 meses y 24 días de incumplimiento de la obligación legal de actualizar los coeficientes poblacionales que rigen la distribución secundaria de la coparticipación. La Ley 1.494 establece que esos datos —que representan cerca del 90 % del prorrateador— deben basarse en el último censo nacional y modificarse en cada período intercensal. No se hizo.
El 83,15 % de la masa secundaria se sigue repartiendo con números congelados desde hace más de dos décadas, lo que genera distorsiones que perjudican especialmente a los municipios que más crecieron. A esto se suma una deuda previsional histórica elevada y un descuento previo del 20 % de la coparticipación que ya se aplica.
Mientras el gobierno provincial sostiene que los aportes previsionales pertenecen a los trabajadores y que no se trata de fondos para salarios, desde los municipios opositores se insiste en que cualquier retención adicional profundiza la asfixxia financiera. En ese contexto, la movilización del SOEM de este jueves se convierte en la expresión pública de un reclamo que el intendente Grasso intentó federalizar entre los jefes comunales de Santa Cruz: la defensa de los recursos que permiten pagar sueldos y mantener en funcionamiento a las ciudades.
