EMERGENCIA HABITACIONAL: “No sirve para nada”
Emergencia Habitacional en Santa Cruz: el proyecto que genera más dudas que soluciones
El proyecto de ley que propone declarar el Estado de Emergencia Habitacional en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz volvió a generar fuerte debate en la Cámara de Diputados. Presentado por el bloque Por Santa Cruz, con la firma de su presidente Santiago Aberastain Zubimendi, la iniciativa (expediente 406/26) declara la emergencia por dos años, prorrogable por uno más si persisten las condiciones que la motivan, y otorga amplias facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.
Según el texto, el objetivo principal es “permitir el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción de soluciones habitacionales, regularizar situaciones dominiales de familias o grupos familiares y proveer la infraestructura de servicios básicos necesaria en todas las localidades de la provincia”.
Para lograrlo, el proyecto faculta al Ejecutivo a:
• Reasignar partidas presupuestarias exclusivamente a planes de vivienda y obras de infraestructura de servicios (agua, luz, gas y cloacas).
• Establecer procedimientos simples y ágiles de contratación para la adquisición de materiales, tierras y ejecución de obras, “garantizando la debida transparencia y rendición de cuentas”.
• Suscribir convenios con el Estado Nacional, municipios, comisiones de fomento, entidades bancarias, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.
• Implementar planes de regularización dominial expeditivos.
• Crear un Banco de Tierras Provincial para identificar, expropiar o adquirir terrenos ociosos destinables a loteos sociales.
Además, crea una Comisión de Seguimiento integrada por tres diputados (mayorías y minorías) y obliga al Ejecutivo a remitir informes semestrales. La reglamentación debería dictarse en 60 días y la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Durante la sesión extraordinaria del 23 de julio, el proyecto no prosperó sobre tablas. Tras un debate áspero, el propio autor impulsó su pase a comisiones (Legislación General, Obras Públicas, Desarrollo Social, Asuntos Municipales, Familias y Presupuesto y Hacienda) para “buscar consensos”.
La crítica de fondo: “No sirve para nada”
El asesor legal de la municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute fue uno de los que más claramente desmenuzó las debilidades del texto. En sus redes y en el recinto, sostuvo que el proyecto, tal como está redactado, no soluciona absolutamente nada.
Chute detalló punto por punto:
• La reestructuración de partidas presupuestarias ya existe en el Presupuesto 2026 y en la Ley de Administración Financiera. No hace falta una nueva ley.
• Los procedimientos ágiles de contratación también están contemplados en la normativa vigente. El proyecto ni siquiera explica cuáles serían los nuevos mecanismos.
• Si se busca autorizar endeudamiento, el texto no cumple los requisitos mínimos de la Constitución: no indica monto, destino, forma de pago ni origen del crédito.
• La regularización dominial no aclara cómo se haría ni sobre qué inmuebles. En varios supuestos ni siquiera es competencia provincial.
• El “Banco de Tierras” duplica funciones que ya cumplen Catastro y el Registro de la Propiedad. Además, una expropiación solo puede hacerse por una ley específica.
“Este proyecto no tiene un objeto claro, no es operativo y no explica cómo resolvería el problema habitacional. Genera expectativas, pero no brinda soluciones reales”, afirmó Chute.
Y fue más allá: si realmente se quiere avanzar, no se necesita una ley nueva. “Ejecuten los 5.000 millones del FONAVI, fondos enviados por Nación exclusivamente para vivienda y que no fueron utilizados”.
Más voces críticas
Desde la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) también cuestionaron el diagnóstico. Señalaron que el problema de fondo no es la falta de viviendas disponibles (existen en el mercado para alquiler y venta), sino la pérdida de capacidad económica de las familias. El proyecto, dijeron, no especifica montos, cantidad de soluciones, plazos, localidades prioritarias ni mecanismos para dinamizar el crédito hipotecario o el mercado de alquileres.
El oficialismo, por su parte, insiste en que hay más de 4.500 familias esperando solución y que la emergencia es una herramienta urgente para “darle herramientas a la gente”. Aberastain y otros legisladores del bloque responsabilizaron a la oposición por “frenar” el debate y recordaron el estado en que encontraron el IDUV (obras paralizadas, irregularidades, viviendas inconclusas).
¿Qué queda en el aire?
La declaración de emergencia no es, por sí sola, una política habitacional. Es un marco de facultades extraordinarias. Sin un plan concreto de ejecución, sin metas claras de cantidad de viviendas, sin cronograma, sin definición de prioritarias y sin control efectivo sobre el uso de los recursos (incluyendo los 5.000 millones del FONAVI que ya están), el riesgo es que se convierta en un cheque en blanco más que en una solución.
El proyecto ahora se discute en comisiones. Allí se verá si se corrigen las deficiencias de fondo o si se insiste en un texto que, según las críticas más consistentes, genera más ruido político que soluciones habitacionales reales.
El déficit de vivienda en Santa Cruz es un problema serio y de larga data. La pregunta que queda es si realmente está herramienta, tal como está redactada, es la forma correcta de enfrentarlo… o si, como dice Chute, simplemente “no sirve para nada”.
