MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ BAJO PRESIÓN: denuncian al gobierno provincial
Varios intendentes de Santa Cruz advirtieron que si el gobierno de Claudio Vidal avanza con la retención de fondos, los municipios no podrán pagar los sueldos
Varios intendentes de Santa Cruz advirtieron que si el gobierno de Claudio Vidal avanza con la retención de fondos de coparticipación para cubrir deudas previsionales, los municipios quedarán imposibilitados de pagar los sueldos de sus trabajadores.
Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, fue el más contundente. Tras reunirse con su gabinete, afirmó que si se retiene la coparticipación, “no podrá pagar salarios”, ya que esos recursos están destinados exclusivamente al pago de haberes. Grasso recordó que la provincia ya descuenta un 20% de la coparticipación —equivalente a 931 millones de pesos mensuales— y que una retención adicional implicaría pagar aportes “al doble”.
Se sumaron al reclamo Aldo Aravena de 28 de Noviembre, quien debió postergar el pago del medio aguinaldo por una caída de más de 70 millones en los fondos; Darío Menna de Río Turbio, Zulma Neira de Los Antiguos y representantes de El Calafate. Todos expresaron la misma preocupación por la supervivencia financiera de sus comunas.
La respuesta del gobierno
La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, calificó las advertencias de “una absoluta falacia”. Aclaró que aún no se aplicó ninguna retención y que los aportes previsionales descontados a los trabajadores pertenecen a ellos para su jubilación, no para pagar salarios. Junto al ministro de Economía, Ezequiel Verbes, se reunieron con los intendentes el 11 de julio y acordaron volver a encontrarse la semana del 20 con información técnica.
Verbes reconoció públicamente que la provincia no está en condiciones de aumentar la coparticipación en el actual contexto de crisis fiscal.
El nudo del conflicto: una ley de la dictadura
Los intendentes critican que la ley de coparticipación vigente data de 1983, de la época de la dictadura, y que los gobiernos de turno son rápidos para retener y sacar recursos a los municipios, pero se olvidan de su obligación principal: aumentar la coparticipación y darles seguridad y garantía, tal como lo establece la ley que la provincia tiene con los municipios.
Actualmente, los municipios reciben alrededor del 11% de los recursos que percibe la provincia, mientras el 89% queda en manos del gobierno provincial. Esta situación, sumada a una deuda previsional histórica que supera los 200 mil millones de pesos, mantiene el conflicto abierto.
